El Acta de Instalación de la Corte de Justicia del Norte, de fecha de 30 de abril de 1824, que se custodia en Trujillo por la Corte Superior de Justicia de La Libertad, fue declarada como Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura, por su importancia histórica y ser la primera Corte de Justicia del Perú en el inicio de periodo republicano.
La declaración está contenida en la
Resolución Viceministerial N° 000091-2024-VMPCIC/MC publicada en el cuadernillo de
Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y lleva la firma de la
Viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Haydee Rosas Chávez.
En el dispositivo se indica que el documento presenta una serie de valores histórico, político, social, biográfico, simbólico pero también, uno relacionado a una historia de mentalidades, relacionados a la identificación de su autenticidad, antigüedad y contenido.
Se indica también, que la primera Corte de Justicia del Perú, representa un hecho importante de nuestra historia, revelando los primeros frutos de la lucha por una nación independiente, libre del yugo de España, fruto que surgía como un fin del dominio de la corona, así como el establecimiento de Trujillo, como capital de la República frente a la crisis presentada por el conflicto.
Otro hecho que se destaca es que significa el establecimiento de la primera corte de justicia en los albores del Perú Republicano para los departamentos y regiones libres del yugo español que, aunque cubiertos por la normativa colonial, verifica identidad a favor del pensamiento republicano, en un nuevo orden político y social.
Este carácter tuvo fuerza en la población pues, como respuesta a esa convocatoria universal (cabildo eclesiástico y secular, prelados de las religiones, profesores del foro, Colegio y gran concurso de ciudadanos), la región dotó de los recursos necesarios para la instalación y conformación de su ejército a fin de consolidar la guerra contra los realistas;
El valor histórico del Acta de Instalación de la Corte de Justicia del Norte, tiene fecha de 30 de abril de 1824 y está custodiado por la actual Corte Superior de Justicia de La Libertad.
Es también un testimonio escrito de mucha importancia para la historia nacional pues revela los inicios de los esfuerzos por establecer una nación independiente libre del yugo de España.
Con la llegada del general colombiano Simón Bolívar el 20 de diciembre de 1823, no solo se le otorgaron solemnidades y financiamiento con el fin de que dirigiera la guerra contra los realistas para poner fin al dominio de la Corona, sino el establecer un fin a la crisis generada.
También se le concedieron facultades políticas y económicas para el establecimiento de una capital provisional, en la que funcionarían las nuevas instituciones de los inicios de la República.
Trujillo, como capital provisional, recibió la responsabilidad de generar las primeras instituciones independientes mientras se liberase todo el territorio hacia el sur.
La creación de la Corte de Justicia del Norte en 1824 significa la aplicación de la justicia bajo la conservación de un Estado en búsqueda del bien común, aun cuando la coyuntura de la guerra sometía a todo el país bajo un clima inestable;
El valor político del Acta de Instalación de la Corte de Justicia del Norte, es que se trata del hecho que su emisión no fue la respuesta a un decreto de emergencia dictado por el libertador don Simón Bolívar, sino, producto del establecimiento de una república con exhibición de un ejercicio constitucional, como parte de la lucha contra el dominio español dentro del inestable clima de conflicto de la época.
Fue generado con la finalidad de crear e instalar la primera Corte de Justicia (conforme lo mandaba la Constitución de 1823), ejerciendo funciones y atribuciones en los departamentos que se encontraban libres.
Se buscaba generar identidad en las regiones y poblaciones que se hallaban privadas de la administración colonial, mientras se ejecutaban acciones para conseguir que Lima y las demás ciudades, quedaran fuera del yugo español e iniciasen el camino a la construcción de una sola patria;
También se menciona la necesidad de sistematizar la forma de administrar e impartir justicia, donde ya la población de la época se sentía identificada con el pensamiento republicano, donde el nuevo orden social que surgía no descartaba la esclavitud ni mucho menos reconocía el derecho de los indígenas.
El Acta de Instalación, señala otro de los considerandos de la resolución, revela un significativo valor biográfico, debido a contener información de los personajes ilustres y autoridades que participaron en su suscripción.
Entre los firmantes figuran José Faustino Sánchez Carrión, como ministro de Estado; Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada; don Gregorio Luna Villanueva y don Francisco Xavier Mariátegui como vocales, entre otros.
Respecto al valor de la historia de mentalidades, se indica que el Acta, es producto de una nueva concepción del significado de la condición humana de los habitantes frente al establecimiento del Perú Republicano. Esto es comprobable en la contraposición ejercida como gente libre, que tiene el derecho o elección de serlo del yugo español.
(FIN) JCB/MAO
JRA
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