El gobierno de Nicolás Maduro reconsideró este jueves la decisión de expulsar a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brilhante Pedrosa, informó un comunicado, pero pidió "gestos" del bloque, que mantiene sanciones contra el país y decenas de funcionarios.
Caracas "decidió dejar sin efecto la decisión" de declarar "persona non grata" a la embajadora Brilhante Pedrosa, anunció un comunicado conjunto del canciller venezolano, Jorge Arreaza, y del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
La anulación de la medida contra la diplomática portuguesa se produjo cuando se cumplía el plazo de 72 horas que Maduro le había dado el pasado lunes para abandonar el país, en respuesta a nuevas sanciones europeas contra 11 venezolanos por acciones contra la oposición, encabezada por Juan Guaidó.
El mandatario socialista aseguró haber decidido dar marcha atrás tras una conversación "tensa, dura en principio", entre Arreaza y Borrell.
"Le dije al canciller Arreaza: Déjame pensarlo, me parece buena la idea de darle una oportunidad, como decía John Lennon (...), al diálogo, a la diplomacia, a la comunicación y a un nuevo entendimiento con la Unión Europea", aseveró Maduro durante un discurso en un acto militar en Caracas.
Un buen gesto
Fue "un gesto" para "no entorpecer el diálogo con la Unión Europea y esperamos, pues, que haya también gestos de Europa para tener una posición mucho más objetiva sobre los acontecimientos de nuestro país", declaró por su parte Arreaza en una entrevista con la televisora internacional Telesur.
"Los mecanismos de toma de decisiones de la Unión Europea son muy complejos. El alto representante (Borrell) no impone por voluntad propia decisión alguna, sino que él responde al consejo de ministros de la Unión Europea, de los 27 (países del bloque); de manera que son discusiones y debates que deben abrirse (...), pero Venezuela espera que haya algún tipo de gesto que acompañe al que hemos hecho", agregó el ministro de Exteriores.
La UE había pedido el martes al gobierno de Maduro que reconsiderara la expulsión.
Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE, que impuso también un embargo de armas. El bloque europeo ha sancionado a 36 funcionarios venezolanos, a los que prohíbe viajar a su espacio y les congela activos, acusándoles de "socavar" la democracia y los derechos humanos.
"Estrategia de Washington"
Guaidó es reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos y la mayoría de los integrantes de la UE. Reclamó el cargo en enero de 2019 desde la jefatura del Parlamento, único poder controlado por la oposición en el país caribeño, que declaró "usurpador" a Maduro al alegar que fue reelecto en votaciones fraudulentas.
Arreaza, en su contacto con Telesur, instó a Europa a "dejar de hacer seguidismo (...) a la estrategia de cambio de gobierno por la fuerza de Washington".
Estados Unidos expresó apoyo a la Unión Europea en sus sanciones contra "el ilegítimo régimen de Maduro".
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo en Twitter que la expulsión de la embajadora de la UE solo habría servido para aislar "aún más" a Venezuela.
"Comiquita"
El representante de Guaidó en Washington, Carlos Vecchio, ironizó con la decisión del gobierno de Maduro.
"De 'comiquita' tu amenaza de 72 horas", publicó Vecchio en Twitter, dirigiéndose a Arreaza. "Te digo lo que pasó en esas 72 horas: protegimos oro de Inglaterra, reporte (de Michelle) Bachelet indica tus crímenes" y "la embajadora de la UE sigue en Venezuela", añadió.
Más temprano, en Londres, un juez británico dio la razón a Guaidó en el conflicto con Maduro por mil millones de dólares en oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, por lo que esa institución podrá mantener bloqueado el acceso del gobierno del mandatario socialista a esos activos.
En Ginebra, Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, presentó un informe en el que nuevamente denuncia "detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso" y casos de "tortura y desapariciones forzadas" en Venezuela.
"Lamento que los actores políticos no logren encontrar una solución negociada", expresó la funcionaria.
Venezuela prepara elecciones para un nuevo Parlamento, convocadas el miércoles para el próximo 6 de diciembre, que serán vetadas por los principales partidos políticos de la oposición. Decidieron retirarse después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) nombrara nuevas autoridades electorales en lugar del congreso, al que le corresponde por ley.
"Las recientes decisiones" del TSJ "disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos", sostuvo Bachelet.